El DHS evalúa un seguro de hasta US$500.000 para policías que colaboren con ICE
La cobertura incluiría honorarios legales y sentencias; los arrestos de agencias locales pasaron de 250 a 3000 por mes.
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos analiza una propuesta para proteger a los policías locales que colaboran con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El plan contempla una póliza de seguro que cubriría gastos por denuncias de conducta indebida.
La iniciativa, publicada por el DHS, establece que cada oficial podría adquirir el seguro y luego solicitar al gobierno federal un reintegro de hasta 250 dólares por año. La cobertura prevista alcanzaría los 500.000 dólares e incluiría demandas, honorarios legales, acuerdos extrajudiciales y sentencias relacionadas con funciones migratorias.
El proyecto está en etapa de consulta. El ICE pidió comentarios a empresas y especialistas del sector asegurador sobre los mecanismos para implementarlo. Según el esquema, una compañía contratada por la agencia coordinaría los reembolsos.
La medida busca ampliar la participación policial bajo el programa 287(g), mediante el cual el ICE delega funciones migratorias a policías y sheriffs locales. Los agentes deben recibir capacitación y autorización antes de ejercer esas atribuciones.
Entre las tareas permitidas están la consulta sobre estatus migratorio, la detención de personas y otras actuaciones vinculadas con procedimientos federales. Sin embargo, no pueden realizar arrestos fuera de las facultades establecidas.
El programa opera desde 1996. El ICE sostiene que su objetivo es coordinar esfuerzos con autoridades locales para identificar a personas sujetas a procedimientos migratorios, especialmente con antecedentes penales.
Según trascendió, los arrestos de agencias asociadas pasaron de unos 250 mensuales en 2024 a aproximadamente 3000 por mes a comienzos de este año. Esa expansión llevó al ICE a considerar nuevos mecanismos de respaldo para los oficiales.
Una de las dificultades es que algunas pólizas contratadas por departamentos policiales excluyen el control migratorio proactivo. Esto deja a los oficiales expuestos a gastos personales ante reclamos. La iniciativa federal busca cubrir ese vacío y facilitar la incorporación de nuevas agencias.
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