Exoficial del Uscis fue arrestado por cobrar para aprobar green cards y ciudadanías

Las autoridades de Estados Unidos arrestaron el miércoles 2 de septiembre a un exoficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) y a un presunto cómplice, acusados de participar en un esquema de corrupción para aprobar y acelerar trámites migratorios, como green cards y ciudadanías, a cambio de dinero. La investigación estuvo a cargo del FBI y la acusación penal federal fue presentada en el Distrito Norte de Texas.

Según el comunicado del Departamento de Justicia, Lukman Owolabi Ganiyu, quien fue oficial sénior del Uscis, habría utilizado su cargo entre diciembre de 2019 y marzo de 2026 para aprobar solicitudes migratorias a cambio de pagos. Su presunto asociado, Adeniyi Akeem Somoye, también fue arrestado.

Los investigadores sostienen que los acusados habrían recibido cientos de miles de dólares para evitar controles obligatorios en expedientes de green card, naturalizaciones y otros procesos. Entre esos controles figuraban entrevistas, revisiones de supervisores, límites de jurisdicción, verificaciones de antecedentes y otros protocolos habituales del Uscis.

Muchos de los solicitantes beneficiados no cumplían con los requisitos establecidos por la legislación federal para obtener la aprobación de sus trámites. Ganiyu habría utilizado su autoridad para acelerar ilegalmente esos expedientes mediante procedimientos distintos de los establecidos por la agencia.

La investigación detectó un importante volumen de comunicaciones: los agentes encontraron miles de mensajes de WhatsApp y cientos de llamadas entre Ganiyu, Somoye y personas cuyos casos migratorios estaban siendo gestionados por ambos.

El documento judicial menciona varios formularios utilizados en procesos de inmigración y ciudadanía, aunque no especifica cuáles. Los investigadores identificaron varios pagos que correspondían directamente con aprobaciones migratorias realizadas por el acusado.

El fiscal federal del Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould, calificó el supuesto mecanismo como un abuso de confianza pública. “Vender beneficios migratorios por dinero es un abuso flagrante de la confianza pública”, afirmó.

Ganiyu y Somoye fueron arrestados el 2 de septiembre y comparecieron inicialmente ante un juez federal ese mismo día. Ambos enfrentan un cargo de conspiración para la entrega de beneficios ilegales por parte de un funcionario público. Si fueran declarados culpables, cada uno podría recibir hasta cinco años de prisión federal y una multa de hasta US$250.000.

La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones del Uscis, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la oficina del FBI en Dallas. La Fiscalía Federal del Distrito Norte de Texas lleva adelante el caso.