ICE en California: un tribunal de EE.UU. avala que sus agentes actúen sin mostrar identificación

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos bloqueó la aplicación de una disposición de la ley de California conocida como No Vigilantes Act, que exigía a los agentes federales no uniformados mostrar una identificación visible mientras cumplían funciones. La decisión, conocida el 14 de octubre, alcanza a los efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que operan en ese estado.

El fallo del panel sostiene que California no tiene autoridad para regular directamente las tareas de los agentes federales sin una habilitación del Congreso. Para el tribunal, la norma estatal interfiere con funciones que corresponden al gobierno nacional y no puede aplicarse mientras el caso sigue su curso.

El juez Mark J. Bennett, redactor de la opinión del panel, fue explícito sobre el alcance de la medida. "Como concluimos anteriormente, la Ley No Vigilantes intenta regular directamente a Estados Unidos en el desempeño de sus funciones gubernamentales", afirmó el magistrado.

El conflicto se originó en el otoño de 2025, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) demandó a California por dos disposiciones. Una obligaba a los agentes federales de inmigración a exhibir su identificación en plena tarea; la otra buscaba prohibir el uso de máscaras a los funcionarios federales y a los policías locales.

El expediente llegó a un tribunal federal de Los Ángeles a comienzos de 2026, en un contexto de intensificación de los operativos migratorios. En ese periodo, los civiles Renee Good y Alex Pretti murieron por disparos de agentes del ICE, episodios que marcaron el debate sobre los controles a la actuación federal.

Antes de la intervención del Noveno Circuito, la jueza federal Christina A. Snyder había analizado ambas disposiciones y adoptado decisiones distintas. Snyder aceptó el argumento de California de que la obligación de identificarse podía compararse con un límite de velocidad en una carretera, en lugar de representar una regulación directa sobre el gobierno federal.

El tribunal de apelaciones rechazó esa lectura y dejó sin efecto la posibilidad de aplicar el requisito de identificación. La controversia también se replicó en otras jurisdicciones: más de una docena de estados impulsaron iniciativas legislativas similares para fijar restricciones a la actuación de los oficiales federales.

La decisión se conoció en medio de cambios en la estructura del organismo migratorio. El ICE comenzó a desprenderse de numerosos integrantes de los 12.000 nuevos agentes que había contratado durante el año anterior, en un ajuste que impacta sobre el despliegue operativo.

La política migratoria de la administración de Donald Trump sigue ocupando el centro del debate público estadounidense. Una encuesta realizada en septiembre mostró que más del 40% de los estadounidenses desaprobaba con firmeza la gestión migratoria del presidente.

El mismo relevamiento indicó que la proporción de personas preocupadas por la inmigración no autorizada era casi idéntica a la de quienes manifestaban inquietud por la propagación del sarampión. Ambas cuestiones quedaron por debajo de otras prioridades, como el costo de vida, la expansión de los centros de datos y la guerra con Irán.

El bloqueo judicial se suma a otros frentes abiertos en California por el accionar del ICE. En ese estado rige una guía sobre dónde puede entrar el ICE en los campus universitarios sin una orden judicial, mientras las autoridades locales discuten cómo informar a la población sobre los operativos.