Justicia de EE.UU. frena al IRS: no puede compartir datos de contribuyentes con el ICE

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ratificó por unanimidad la prohibición al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de compartir información confidencial de los contribuyentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La decisión del Circuito del Distrito de Columbia confirma un fallo de instancia inferior y representa un alivio para los migrantes que temían por el uso de sus datos personales.

El panel de tres jueces, liderado por Cornelia Pillard, sostuvo que los procedimientos que el IRS adoptó durante la administración de Donald Trump “violaron la ley federal de numerosas maneras”. La magistrada cuestionó que el mecanismo “automatiza la revisión de millones de registros sin ninguna verificación individual”.

Antes del freno judicial, el ICE había solicitado más de 1,2 millones de registros al IRS y la agencia tributaria ya había entregado las direcciones de 47.289 contribuyentes. El envío de datos formaba parte de un acuerdo firmado por ambas entidades en 2025.

Una auditoría de la oficina del Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA) detectó problemas de precisión y errores en la identificación de las personas incluidas en las listas. Esos hallazgos reforzaron los argumentos de quienes cuestionaban la legalidad del procedimiento.

La legislación federal resguarda la información compilada por la agencia recaudadora, incluidos domicilios, niveles de ingresos y datos familiares. Ese marco de confidencialidad se estableció tras el escándalo de Watergate, que derivó en la renuncia de Richard Nixon en 1974. A raíz del uso indebido de datos fiscales para perseguir opositores, el Congreso aprobó reglas que restringen el traspaso de información del IRS a otras agencias federales.

“El escándalo de Watergate puso al descubierto abusos del poder ejecutivo con la información de los contribuyentes estadounidenses para acosar a los enemigos del gobierno”, escribió Pillard en la opinión de 32 páginas.

La decisión fue celebrada por los grupos de defensa de los derechos de los migrantes que impulsaron la demanda. Skye Perryman, referente de Democracy Forward, que representó a los demandantes, afirmó que estaba satisfecha de que el tribunal “haya actuado para detener este comportamiento ilegal”.

Nandan Joshi, abogado de Public Citizen, otro de los grupos que participó en la demanda, remarcó en un comunicado que “el tribunal reconoció correctamente que las personas que no son ciudadanas tienen los mismos derechos de privacidad sobre sus declaraciones de impuestos que la ley federal concede a todos los contribuyentes”.

Desde el gobierno federal cuestionaron la determinación. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró que no está de acuerdo con el fallo y que “seguirá utilizando todas las herramientas legales disponibles para localizar y expulsar a los inmigrantes ilegales con órdenes de expulsión definitivas”.