La Justicia intimó al Gobierno a actualizar salarios y becas universitarias en cinco días

La Justicia intimó al Gobierno nacional a actualizar los fondos destinados a las universidades. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, concluyó que el Estado no acreditó el cumplimiento pleno de la cautelar vigente, que obliga a actualizar salarios y becas, y le fijó un plazo máximo de cinco días para regularizar la situación.

La medida alcanza al personal docente y no docente de las universidades nacionales y al presupuesto para becas. El aumento salarial necesario para cumplir con la ley es del 33%. Si el incumplimiento persiste, el magistrado advirtió que se impondrán multas económicas diarias, que pueden ser progresivas y guardan relación con el importe adeudado.

Semanas atrás, Cormick había rechazado el pedido de la administración de Javier Milei para levantar la cautelar. Consideró que el acuerdo firmado en junio con los rectores no alcanzaba para demostrar que el conflicto estaba resuelto y ordenó al Estado detallar y documentar el nivel de cumplimiento alcanzado en un plazo de tres días. Ahora concluyó que la información presentada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, no resulta suficiente para acreditar que la orden judicial haya sido cumplida.

"Es una excelente noticia. Algo que habíamos solicitado desde el CIN en el marco de la causa ante el incumplimiento de la cautelar que está firme, y estábamos esperando resolución. Esperamos que el Gobierno Nacional haga lo que debe hacer y cumpla con lo dispuesto por el juez en los plazos estipulados", dijo Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El derrotero judicial comenzó cuando los rectores interpusieron una acción de amparo contra el Estado tras la suspensión, por decreto, de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) hasta que se definieran las fuentes para financiarla dentro del presupuesto general. Cormick ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6, referidos a las actualizaciones salariales y de las becas.

El Gobierno apeló y la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la cautelar a favor de las universidades. El Ejecutivo recurrió entonces a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario que fue aceptado, pero el máximo tribunal dejó firme la medida cautelar.

El camino de la ley también fue extenso. Fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto del año pasado, vetada por el Presidente y ratificada luego por ambas cámaras. En 2024, Milei ya había vetado una iniciativa similar y en esa oportunidad el Congreso no la sostuvo.

Dos meses después del acuerdo de junio, el conflicto universitario se reactivó cuando los gremios docentes y no docentes volvieron a parar en reclamo por el financiamiento. Denunciaban un triple incumplimiento: no aplicar la ley de financiamiento aprobada, no cumplir con la cautelar y tampoco con el acuerdo firmado con los rectores.

El Gobierno pagó el aumento salarial —21,33% para junio, restaría un 3% adicional en octubre— y el incremento para las becas Manuel Belgrano, pero no abonó el 20% de aumento para los gastos de funcionamiento ni la partida extra para los hospitales universitarios, de $50.000 millones.

El presupuesto 2027 presentado por el Gobierno sigue incumpliendo la ley de financiamiento. Se estima destinar alrededor de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales el año próximo. Los rectores, en cambio, habían adelantado que para ajustarse a la ley serían necesarios $11 billones, casi un 50% más de lo que contempla el proyecto oficial.

El proyecto mantiene los valores del periodo 2024-2026, lo que consolida un 24,9% menos en términos reales que el presupuesto 2023, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). En tanto, los salarios docentes perdieron un 25% de su poder adquisitivo en el periodo 2023-2026.

Los rectores fueron la semana pasada nuevamente al Congreso a buscar apoyo para su pedido. Explicaron su presupuesto y pidieron modificaciones razonables en una reunión convocada por Unión por la Patria en el auditorio del anexo A del Parlamento. También se reunieron los gremios con el Gobierno: en la paritaria volvieron a ofrecerles un aumento del 3%, la misma oferta que en el encuentro anterior. Luego, los gremios anunciaron nuevas medidas de fuerza y la Quinta Marcha Federal Universitaria.