Nueva York: el alcalde demanda al Concejo por bonos de USD 10.000 para asistentes escolares

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó una demanda contra el Concejo Municipal por una ley que establece bonos de USD 10.000 para los asistentes de las escuelas públicas. La administración sostiene que la norma viola las reglas de negociación colectiva y podría sentar un precedente para otros sindicatos municipales.

La demanda fue presentada este miércoles ante la Corte Suprema estatal en Manhattan, el mismo día en que la legislación entró en vigor. Mamdani decidió no vetarla, ya que el Concejo contaba con los votos suficientes para anular un eventual veto, pero optó por cuestionarla judicialmente.

En el centro de la disputa están unos 26.000 auxiliares profesionales que trabajan en el sistema escolar público, el más grande de Estados Unidos. Muchos acompañan de manera individual a chicos con discapacidades y necesidades especiales, y tienen un salario inicial cercano a los USD 32.000 anuales.

La ley, denominada RESPECT Check Act, cuenta con el respaldo de la United Federation of Teachers (UFT), uno de los sindicatos docentes más influyentes de la ciudad. El primer pago está previsto para el 1° de enero.

La posición del alcalde resulta especialmente sensible porque Mamdani había apoyado los pagos durante la campaña electoral. Sin embargo, una vez en el gobierno cambió su postura sobre el mecanismo utilizado para otorgarlos. La administración no cuestiona la necesidad de mejorar los ingresos de los asistentes escolares, sino que sostiene que una decisión de este tipo debe surgir de una negociación entre la ciudad y el sindicato.

"No permitiremos que el proceso político reemplace la mesa de negociación colectiva", afirmó Matt Rauschenbach, vocero del alcalde.

Según la ciudad, permitir que el Concejo determine mediante una ley un beneficio salarial para un grupo de empleados podría debilitar el sistema de negociación colectiva vigente. El gobierno de Mamdani aseguró que pretende encontrar otra vía para aumentar los ingresos de estos trabajadores y que ya comenzaron "conversaciones productivas" con la UFT.

La implementación de los bonos tendría un impacto considerable sobre las cuentas públicas. Según una estimación de la organización independiente Citizens Budget Commission, la legislación tendría un costo aproximado de USD 325 millones.

Los críticos advierten que el problema podría ir más allá de esa cifra. Nueva York tiene cerca de 150 unidades de negociación colectiva y existe preocupación por la posibilidad de que otros grupos de trabajadores recurran al Concejo para conseguir mejoras económicas que no obtuvieron en sus negociaciones laborales.

La discusión ya comenzó a extenderse a otros sectores. Joann Ariola, presidenta del Comité de Bomberos y Gestión de Emergencias del Concejo, mencionó los bonos para los paraprofesionales al reclamar mejoras salariales para los técnicos de emergencias médicas del Departamento de Bomberos. Algunos de esos trabajadores cobran apenas USD 18 por hora.

Robert W. Linn, excomisionado de Relaciones Laborales durante la administración de Bill de Blasio y actual asesor de la alcaldía, advirtió que debilitar el esquema de negociación podría provocar conflictos. Según explicó, las normas laborales de la ciudad y del estado surgieron precisamente para evitar el escenario de huelgas y enfrentamientos que caracterizó a Nueva York durante la década de 1960.

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, es una de las principales impulsoras de la medida y defendió la decisión de otorgar los bonos. La iniciativa fue aprobada de manera unánime y bipartidista. Menin sostuvo que resulta inaceptable que trabajadores encargados de asistir a algunos de los estudiantes con mayores necesidades tengan ingresos de apenas USD 32.000 anuales.

Además, planteó que destinar fondos a estos empleados podría generar beneficios económicos para la propia ciudad. Actualmente existen puestos vacantes de auxiliares profesionales mientras Nueva York destina más de USD 1.000 millones por año a enviar a chicos con discapacidades a escuelas privadas donde pueden acceder a servicios especializados. Desde esa perspectiva, mejorar los ingresos podría ayudar a cubrir vacantes y retener trabajadores dentro del sistema público.

La United Federation of Teachers también defendió la entrada en vigor de la norma. Su presidente, Michael Mulgrew, comunicó a los asistentes educativos que podían esperar el primer pago para enero. El dirigente había llegado a amenazar con una "guerra total" contra el alcalde si intentaba bloquear la legislación. Tras conocerse la demanda, rechazó el argumento de que la administración estuviera actuando para proteger los derechos laborales.

La disputa coloca a Mamdani en una posición política compleja. El alcalde, que construyó parte de su plataforma alrededor de la promesa de hacer de Nueva York una ciudad más accesible económicamente y suele mantener posiciones cercanas al movimiento sindical, ahora busca bloquear judicialmente un beneficio destinado a empleados de bajos ingresos. Al mismo tiempo, el conflicto podría tensar todavía más su relación con Menin y abrir una discusión de mayor alcance sobre las atribuciones del Concejo.

Aunque la ley ya entró en vigor, los trabajadores todavía no recibirán el dinero de inmediato. El primer bono está previsto para el 1° de enero, por lo que el resultado de la batalla judicial durante los próximos meses será clave para determinar si los aproximadamente 26.000 asistentes escolares finalmente reciben los USD 10.000 prometidos.