Tregua de 15 días en puertos cerealeros tras conciliación obligatoria, pero el conflicto sigue latente

El Gobierno dictó una conciliación obligatoria que frenó por 15 días el paro nacional anunciado por la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (Urgara) en los puertos cerealeros. La medida, dispuesta ayer por la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, retrotrae el conflicto y convoca a una audiencia virtual para el próximo 25 de agosto.

La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) ratificó su disposición a negociar y defendió su propuesta salarial, mientras que Urgara advirtió que el reclamo sigue intacto y que la medida de fuerza podría volver si no hay una recomposición.

El paro, que iba a comenzar a las 22 de ayer en todas las terminales portuarias del país, fue suspendido por la intervención oficial. La CPPC emitió un comunicado en el que expresó su “constante vocación de diálogo” y llamó a la “responsabilidad institucional” para preservar la paz social y garantizar la continuidad de las operaciones.

En el documento, la cámara defendió su oferta: un incremento del 16% sobre los salarios básicos de febrero, aplicable desde agosto, lo que elevaría el ajuste acumulado anualizado a 31,99%. Según la entidad, ese porcentaje “supera la inflación anual proyectada por el gobierno nacional y los organismos técnicos (30,2%)”. Además, incluye una asignación extraordinaria no remunerativa de $359.095 para la tercera categoría, pagadera en dos cuotas.

La CPPC también destacó que incorporó una cláusula de revisión paritaria para ajustar el acuerdo según la inflación real, y que aceptó una sugerencia de la autoridad laboral para abonar por separado los reajustes de mayo, junio y julio, propuesta que, según la cámara, fue “insólitamente rechazada por el gremio”.

Por su parte, Urgara sostuvo que “el reclamo sigue intacto” y que “lo que perdimos en mayo, junio, julio y agosto no está saldado”. El gremio exige un incremento del 35,5%, algo que la CPPC considera excesivo y que, de aceptarse, “impactaría severamente en la base salarial futura de las empresas”.

La cámara empresaria advirtió que una paralización de los puertos sería “altamente perjudicial para el comercio exterior” y recordó que la actividad portuaria privada es un servicio esencial para la economía, según la Ley 25.877. Por eso, solicitó formalmente la intervención del Ministerio de Capital Humano y de la Secretaría de Trabajo para encuadrar el conflicto en la Ley 14.786 de conciliación obligatoria.

El conflicto, que amenaza con afectar la exportación de granos, queda ahora en manos de la audiencia del 25 de agosto. Mientras tanto, la CPPC insiste en que su propuesta es razonable y que el gremio debe deponer su postura para evitar un cese de actividades que perjudicaría a toda la cadena productiva.