Tribunal de EE.UU. rechaza detenciones del ICE y las compara con la Segunda Guerra Mundial

El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos rechazó la política de detención obligatoria sin fianza que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aplicaba a inmigrantes indocumentados. La sentencia, dictada el 10 de septiembre de 2026, confirmó los fallos de habeas corpus a favor de Oscar Enrique López García y Juan José Rivera, quienes habían recuperado la libertad bajo fianza en noviembre de 2025.

La decisión de la mayoría rechazó la postura que el Departamento de Justicia (DOJ) sostenía desde julio de 2025, cuando pretendía usar la Sección 1225(b)(2)(A) para encarcelar sin fianza a cualquier extranjero presente en el país sin inspección previa. El dictamen ratificó las resoluciones de la jueza de distrito Patricia Tolliver Giles.

La jueza Nicole Berner, autora de la opinión mayoritaria, comparó la medida con el encarcelamiento masivo de casi 120 mil personas de ascendencia japonesa en campos de internamiento durante la Segunda Guerra Mundial. El tribunal calificó aquellas detenciones como una “mancha” sobre la nación y recordó la abdicación judicial frente a las libertades fundamentales.

“El confinamiento de individuos marginados sin el debido proceso revive esos momentos críticos de la historia nacional”, sostuvo Berner en la resolución. La opinión también evocó la Ley Geary de 1892, que impuso detención y trabajos forzados a personas de origen chino consideradas sin derecho legal a permanecer en Estados Unidos.

El fallo remarcó que el Congreso mantuvo históricamente una distinción clara entre quienes llegan a las fronteras y quienes habitan dentro del país. Por eso, la corte ratificó que las garantías del debido proceso amparan a los residentes indocumentados y que la Quinta Enmienda protege la libertad física frente a la custodia estatal arbitraria.

Por estas razones, el tribunal se negó a atribuir al Congreso la intención de autorizar el mayor encarcelamiento masivo de personas mediante un texto legal ambiguo. La sentencia enfatizó que la ley exige otorgar audiencias de fianza a los extranjeros detenidos en el interior del país.

En contraste, los circuitos Quinto y Octavo emitieron fallos favorables a la postura del gobierno federal sobre la detención obligatoria. Esa disparidad consolida una división jurisprudencial de alcance nacional sobre la materia.

La jueza Allison Jones Rushing redactó un voto disidente en el que respaldó la potestad del Departamento de Seguridad Nacional para mantener la custodia obligatoria. Sin embargo, la resolución de la mayoría ratificó las órdenes de liberación e impuso el criterio de elegibilidad para fianza en su jurisdicción.