Uatre y Visec lanzan una constancia laboral para respaldar las exportaciones del agro

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y Visec impulsan una constancia de legalidad laboral para documentar las condiciones de trabajo en los establecimientos de la cadena agroexportadora, frente a las exigencias de los compradores internacionales y del reglamento europeo de productos libres de deforestación. El mecanismo contempla verificaciones en el terreno, con supervisión técnica de la organización Crisol, para reunir evidencias que respalden a productores y empresas exportadoras.

La iniciativa se presentó en un encuentro en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dedicado al trabajo rural registrado y a los nuevos estándares para el acceso a los mercados internacionales de soja, carne vacuna y madera. Participaron representantes de la producción, la exportación, el sindicalismo y entidades técnicas.

El planteo que atravesó las exposiciones fue que las condiciones de acceso a los mercados requieren cada vez más información sobre el origen de los productos y la forma en que fueron obtenidos. En ese escenario, los organizadores propusieron sumar la verificación laboral a los mecanismos de trazabilidad ambiental.

“La constancia convierte el cumplimiento en una evidencia verificable”, dijo Margarita Carratu, presidenta de Crisol Proyectos Sociales. La herramienta busca documentar aspectos vinculados con la registración, la seguridad, los derechos humanos y los derechos de terceros.

La propuesta, cuya explicación operativa se concentró en la cadena de la soja, contempla que Uatre realice las verificaciones en los establecimientos, con personal capacitado y supervisión técnica de Crisol, y que Visec emita la constancia. “Esta constancia no se basa en un procedimiento de autodeclaración”, afirmó Carratu. La diferencia, señaló, es que el procedimiento incluye visitas para comprobar la información y las condiciones de trabajo.

“No es un sello automático”, aclaró la presidenta de Crisol. Según detalló, las verificaciones tendrán un enfoque de mejora continua: cuando se identifiquen faltantes documentales o problemas administrativos, se buscará acompañar su resolución para alcanzar el estándar requerido. “Nosotros no vamos a ir a ningún establecimiento productivo ni a ningún productor con un enfoque punitivo”, sostuvo.

Para las empresas, el objetivo es disponer de información organizada y verificable sobre sus proveedores, que facilite las respuestas a los requerimientos de los compradores. Carratu explicó que un procedimiento común puede reducir pedidos reiterados de documentación y revisiones sobre los mismos aspectos. “No se trata de solo cumplir, se trata de reducir el costo de demostrarlo”, resumió.

El Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR) regirá desde el 30 de diciembre de 2026 para operadores grandes y medianos y desde el 30 de junio de 2027 para micro y pequeños, salvo los ya sujetos a la regulación europea de la madera, que deberán cumplir desde diciembre. Las empresas que ingresan productos como la soja y la carne al mercado europeo deben verificar su origen y cumplimiento normativo, con datos de proveedores y zonas de producción y una evaluación de riesgos. Esas exigencias se trasladan a toda la cadena, en línea con las barreras ambientales que advierte el agro.

La constancia busca respaldar ese proceso, aunque la norma europea no exige esta herramienta ni adherir a Visec. Las verificaciones de terceros tampoco reemplazan la responsabilidad del operador de realizar la diligencia debida.

El secretario general de Uatre, José Voytenco, ubicó la iniciativa en un contexto de elevada informalidad. Estimó que el empleo no registrado en el sector rural ronda el 70% y afirmó que se realizaron más de 5000 fiscalizaciones en los últimos años, en las que se detectaron trabajadores no declarados, pagos por debajo de las escalas y, en algunos casos, trabajo infantil. El dirigente no precisó durante su exposición la fuente estadística de aquella estimación ni el período exacto comprendido por las inspecciones.

“El trabajo registrado, la seguridad, la salud, la capacitación, la protección social, los salarios justos y las jornadas razonables no son un complemento, son parte central de una cadena agroalimentaria moderna”, expresó. También reclamó la participación de productores, acopiadores, exportadores, entidades técnicas y el Estado. “Cuidar a los trabajadores no es un costo, es una inversión en competitividad”, afirmó.

El presidente de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra, sostuvo que la capacidad de producir debe acompañarse con evidencias sobre las prácticas utilizadas. “Los mercados internacionales exigen demostrar cómo producimos. Con qué condiciones laborales, con qué prácticas ambientales y con qué nivel de trazabilidad y transparencia”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, respaldó el trabajo conjunto entre empleadores y trabajadores. Sostuvo que el acceso al comercio internacional supone aceptar las condiciones de los compradores y pidió una relación más fluida entre las entidades de la producción y el gremio.

El presidente de Ciara-CEC, Gustavo Idigoras, se refirió a los cuestionamientos de algunos productores frente a las nuevas exigencias y sostuvo que adaptarse es necesario para mantener el acceso al mercado europeo. “Es entendible la protesta, es entendible la bronca, es entendible el reclamo”, señaló, aunque advirtió: “El cambio no lo decidimos nosotros, lo decidieron los compradores”.

En ese sentido, planteó: “La Argentina tiene que salir a vender. Para poder salir a vender, ganar mercados, crecer en producción, pagar mejores salarios y todo, tenemos que poder entrar en esos mercados. Y el mercado más riguroso del mundo es la Unión Europea”.

Idigoras explicó que, frente a la alternativa de que cada empresa resolviera por su cuenta cómo cumplir con los requisitos europeos —un camino que atribuyó a las compañías estadounidenses—, en la Argentina se optó por desarrollar una respuesta conjunta. “A nosotros se nos ocurrió una idea en la Argentina: la solución colectiva es ‘o nos salvamos todos o nos hundimos todos’”, afirmó sobre la plataforma de Visec. Según relató, durante cuatro años de trabajo se sumaron a una misma mesa entidades de productores, acopiadores, cooperativas, frigoríficos, exportadores, organizaciones no gubernamentales y representantes de los trabajadores rurales para construir un mecanismo común.

Como parte de ese proceso, mencionó un primer acuerdo con el Renatre para consultar información sobre la situación de los productores que se incorporan a Visec y un trabajo posterior, en sintonía con la apertura de mercados que se busca para la producción argentina, como la reapertura del mercado japonés para la carne.