Carbap advierte que las exigencias ambientales de la UE pueden ser barreras al agro

La producción agropecuaria argentina enfrenta el desafío de adaptarse a las crecientes exigencias ambientales y de trazabilidad de los mercados internacionales, pero esas reglas no pueden transformarse en barreras comerciales. Así lo planteó Pablo Ginestet, presidente de Carbap, quien sostuvo que demostrar una producción responsable es clave para preservar mercados, aunque cumplir con esas condiciones no puede significar resignar la libertad del productor.

El dirigente apuntó contra el rumbo de la Unión Europea, que incrementó y complejizó sus requisitos ambientales y de trazabilidad. Según advirtió, aunque los objetivos puedan ser legítimos, su implementación puede representar costos y dificultades crecientes para quienes producen.

El riesgo, según Ginestet, excede los costos inmediatos: esas exigencias pueden convertirse en límites para distintos sectores productivos, restringir inversiones, encarecer la producción y condicionar el crecimiento de actividades con capacidad para generar empleo y exportaciones en el interior del país.

En ese marco, el titular de Carbap se refirió al Reglamento Europeo 2023/1115, conocido como EUDR, que establece requisitos de diligencia debida y trazabilidad para productos como la soja y la carne bovina. Remarcó que la norma no obliga a utilizar una plataforma privada específica: una cosa son las exigencias regulatorias y otra, las herramientas que los actores eligen para demostrar su cumplimiento.

“Las plataformas de trazabilidad pueden ser útiles, como Visec u otras, pero deben funcionar bajo condiciones claras, transparentes y competitivas”, afirmó. Y agregó que el productor tiene derecho a conocer sus costos, quién administra sus datos, para qué se utilizan y qué alternativas existen.

El problema aparece, según planteó, cuando una herramienta que debería facilitar el cumplimiento se convierte en la práctica en una condición para comercializar. Si la falta de adhesión a una plataforma se traduce en descuentos sobre el precio de la producción, se traslada al productor el costo de decisiones que exceden su responsabilidad.

También advirtió sobre el riesgo de que la concentración de información en pocos sistemas genere nuevas dependencias y debilite la capacidad de negociación de quienes producen. Por eso reclamó competencia entre plataformas, interoperabilidad, aprovechamiento de los registros públicos existentes y libertad para elegir herramientas que acrediten los mismos requisitos.

En cuanto a la distribución de responsabilidades, señaló que exportadores, frigoríficos, intermediarios y productores cumplen funciones diferentes dentro de un negocio cuyo acceso a los mercados internacionales beneficia al conjunto. No sería razonable, sostuvo, que los costos de adaptación recaigan de forma desproporcionada sobre el eslabón más atomizado.

Ginestet también reclamó un papel más activo del Estado argentino: evaluar el impacto de las nuevas normas, participar en las instancias de negociación y exigir reglas proporcionales, previsibles y técnicamente justificadas. “No alcanza con recibir cada nueva exigencia y trasladar sus consecuencias a quienes producen”, sostuvo.

El dirigente aclaró que defender a los productores no implica desconocer los objetivos ambientales ni rechazar las condiciones de acceso a otros mercados. Significa, dijo, reclamar que las exigencias sean claras y posibles de cumplir, y que las herramientas para acreditarlas no se conviertan en mecanismos de presión comercial.

“La Argentina no debe elegir entre sustentabilidad y libertad para producir. Necesita ambas”, aseguró. Y cerró: “Cumplir con el mundo es una necesidad comercial. Defender la competitividad y la libertad de nuestros productores es una responsabilidad argentina”.