UIF flexibiliza controles para comprar propiedades con dólares del colchón
La nueva resolución de la UIF da más margen a los escribanos para evaluar el origen de los fondos, pero no elimina los controles ni el reporte de operaciones sospechosas.

La Unidad de Información Financiera (UIF) publicó la resolución que reglamenta el uso de dólares no declarados en la compra de propiedades, en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal II (27.826). La norma llegó dentro del plazo de 15 días hábiles que vencía el 2 de noviembre y flexibiliza algunos criterios para evaluar el origen de los fondos, aunque mantiene las obligaciones de control de los escribanos.
La reglamentación era la pieza que faltaba tras la sanción de la ley en octubre. Ahora los escribanos cuentan con un margen de valoración algo más amplio, pero deben seguir analizando y documentando de dónde salió el dinero en las operaciones que superan los 700 salarios mínimos.
“Cambió algo, pero no mucho”, resume Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios. El especialista explica que la adhesión al régimen simplificado pasa a considerarse un antecedente favorable y un atenuante de riesgo, pero no implica una aprobación automática de la operación.
Para acceder a ese tratamiento favorable hay que cumplir tres condiciones vinculadas al régimen simplificado. Aun así, el escribano debe continuar evaluando el perfil del cliente, las características de la compraventa y los posibles indicadores de riesgo. En escrituras por debajo de los 700 salarios mínimos, en cambio, el escribano no es sujeto obligado y la operación puede hacerse en efectivo sin pedir origen de fondos.
El segundo cambio relevante tiene que ver con el efectivo. Para los contribuyentes que cumplen las condiciones del tratamiento favorable, el uso de dólares guardados fuera del sistema financiero o la falta de comprobantes sobre cómo se adquirieron ya no son determinantes por sí solos para calificar la operación como sospechosa. El punto alcanza a quienes conservaron ahorros durante años sin documentación de respaldo.
La Debida Diligencia Simplificada Especial, que exime de justificar ingresos, casi no tendrá aplicación práctica en operaciones inmobiliarias. Su tope anual ronda los $100 millones y una escritura típica que supera los 700 salarios mínimos excede ese monto. Sobre las operaciones de cierto volumen solo rige el beneficio del antecedente favorable, con análisis de origen de fondos incluido.
La resolución tampoco elimina la obligación de presentar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la UIF cuando haya indicios de ilicitud o maniobras de fraccionamiento para evitar controles. Estar adherido al régimen simplificado no garantiza quedar fuera del alcance de los controles antilavado.
En sus fundamentos, la UIF se apoya en los estándares del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y cita un informe publicado en septiembre sobre lavado de dinero profesional y banca subterránea. El documento promueve la inclusión financiera con medidas proporcionales y basadas en riesgos, para evitar que controles excesivos empujen a los usuarios hacia circuitos no regulados.
El límite de esa flexibilización es el riesgo país. Según Domínguez, una apertura demasiado amplia “podría incluir al país en la denominada ‘lista gris’, lo que afectaría su acceso a los mercados capitales internacionales”.
La norma se conoce después de que el Gobierno reglamentara la Ley de Inocencia Fiscal II y en un contexto de mayor movimiento en el mercado inmobiliario, con operaciones que se reactivan en distintos barrios de la ciudad.
Por qué importa
Afecta a quienes tienen ahorros en efectivo sin comprobantes y quieren volcarlos a un inmueble: la norma les da un antecedente favorable, pero el escribano conserva la potestad de observar la operación y reportarla.
Qué sigue
Resta ver cómo aplican los escribanos la resolución en las primeras escrituras y si el GAFI evalúa la flexibilización como un riesgo para el país en su próxima revisión.
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