Uscis: cambios en carga pública, TPS y nuevas restricciones a la inmigración
El gobierno de Donald Trump modificó la regla de carga pública, redujo el TPS y aplicó nuevas restricciones a la inmigración legal.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) implementó cambios en sus políticas migratorias que afectan a quienes buscan la residencia permanente y a beneficiarios de protecciones temporales. Las modificaciones incluyen una nueva regla de carga pública, la reducción del Estatus de Protección Temporal (TPS) y restricciones adicionales para distintas categorías migratorias.
La nueva regla de carga pública entrará en vigor el 18 de septiembre y reemplazará los criterios anteriores por una evaluación basada en la "totalidad de las circunstancias". Los oficiales deberán analizar en conjunto factores como edad, salud, ingresos, bienes, obligaciones económicas, situación familiar, educación y capacidades laborales del solicitante.
El procedimiento ampliará la lista de programas públicos sujetos a comprobación de recursos, entre ellos SNAP, Medicaid, ayudas de vivienda y prestaciones económicas para el mantenimiento de ingresos. Sin embargo, el uso de ciertos servicios no se considerará automáticamente un factor negativo: los centros comunitarios de salud, los programas de alimentación escolar y los beneficios recibidos por otros integrantes de la familia no se contabilizarán en contra del solicitante. Tampoco se evaluarán las asistencias recibidas antes de la entrada en vigor de la norma.
Desde el 18 de septiembre, el Uscis exigirá una nueva versión del formulario I-485, utilizado para solicitar el ajuste de estatus. Las versiones anteriores, tanto en papel como electrónicas, dejarán de ser aceptadas. El formulario actualizado incorporará información adicional sobre empleo, finanzas y cobertura médica. Los abogados de inmigración Cyrus Mehta y Damira Zhanatova afirmaron que "la nueva norma de carga pública le proporciona a la administración federal otra poderosa herramienta para restringir la inmigración legal".
La legislación federal mantiene excepciones para ciertas categorías: refugiados y asilados, víctimas de trata con visa T, víctimas de delitos con visa U y solicitantes bajo VAWA no quedan sujetos a la prueba de carga pública. No obstante, el cambio genera cuestionamientos por el mayor margen de interpretación otorgado a los funcionarios, lo que podría derivar en evaluaciones diferentes para circunstancias similares.
El debate se extiende a otras medidas, como los cambios para personas patrocinadas por familiares, trabajadores extranjeros y estudiantes internacionales. También se plantearon modificaciones sobre los salarios aplicables a los trabajadores H-1B y sobre los procedimientos de certificación laboral Perm.
El TPS también sufrió una reducción durante el segundo año del segundo gobierno de Trump. Según datos del 12 de agosto, el programa sigue vigente para aproximadamente 273.200 personas de El Salvador, Ucrania, Sudán y Líbano, aunque con fechas de vencimiento anteriores al cierre del año. El gobierno puso fin al TPS para ciudadanos de varios países, lo que afectó a más de un millón de personas, aunque algunos beneficiarios siguen amparados por decisiones judiciales. En el caso de Venezuela, ciertos permisos de trabajo emitidos hasta el 5 de febrero de 2025 pueden mantenerse hasta el 2 de octubre. Las terminaciones para Haití y Siria entraron en vigor el 27 de julio tras una decisión de la Corte Suprema.
Fuente: LA NACION
Nota redactada con asistencia de inteligencia artificial y editada por nuestra redacción. Cómo usamos IA.
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