Vicentin podrá tomar US$50 millones de Bunge y pone en garantía acciones de Renova

La Justicia autorizó a Vicentin a tomar una línea de crédito de hasta US$50 millones con Bunge Argentina para financiar su capital de trabajo. El juez Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, a cargo del concurso preventivo de la agroexportadora, aprobó la operación con condiciones y la empresa deberá presentar información periódica sobre el uso del dinero.

Para garantizar el crédito, Vicentin podrá entregar en prenda 219.004.270 acciones de Renova, equivalentes al 8,33% del capital social y de los votos de esa compañía. La firma está controlada desde diciembre pasado por el Grupo Grassi, que lidera Mariano Grassi.

“La solicitud de autorización formulada por Vicentin resulta razonable y procedente”, señaló el magistrado. Entre los argumentos, mencionó la tasa acordada, el destino del financiamiento, la preservación de la mayor parte de la participación en Renova y la necesidad de fondos durante la reactivación. También destacó “la previsibilidad que la operación otorga a una empresa en etapa de reactivación” y el “destino exclusivo asignado a la financiación de capital de trabajo operativo”.

Se trata de una línea de crédito rotativa, conocida como revolving, con vencimiento final el 31 de diciembre de 2031. Vicentin podrá solicitar desembolsos, devolverlos y volver a usar el dinero dentro del límite aprobado, sin obligación de utilizar los US$50 millones completos.

Los fondos se destinarán a capital de trabajo, sobre todo a la compra de granos, insumos y servicios de logística. La empresa explicó en el expediente que el crédito funcionará como respaldo ante posibles necesidades de la actividad agroindustrial.

La tasa pactada es la SOFR Overnight más un 2,5% anual. Aunque el límite está en dólares, los desembolsos y las devoluciones se harán en pesos, según el tipo de cambio oficial del Banco Central. “La tasa pactada de SOFR Overnight más un margen de 250 puntos básicos resulta competitiva para una sociedad en etapa post-concursal”, sostuvo Lorenzini. El mecanismo, agregó, “proporciona una cobertura natural acorde con la facturación agroexportadora de la concursada”.

Vicentin deberá comunicarle a Bunge, antes del 30 de septiembre de cada año, el monto máximo que prevé utilizar en el período siguiente. La operación incluye una comisión de otorgamiento del 0,25% y otra del 0,50% por los montos disponibles no utilizados. Ese punto fue cuestionado por el Comité Definitivo de Acreedores, que se manifestó en contra del acuerdo: advirtió que el crédito tendría costos aunque la empresa no usara el dinero, objetó la falta de precisiones iniciales sobre el monto y el destino, y rechazó que se entregaran como garantía acciones de Renova, uno de los principales activos de Vicentin.

La Sindicatura, en cambio, consideró que Vicentin necesita financiamiento para mantener su actividad. Recordó que el plan de negocios del proceso de salvataje ya estimaba un faltante de US$122,5 millones en caja.

Lorenzini explicó que las empresas en concurso suelen tener dificultades para volver a conseguir financiamiento. Aunque el proceso ordena las deudas anteriores, puede provocar “la parálisis del crédito comercial y bancario” y una “crisis post-crisis” que amenace la continuidad de compañías que todavía pueden funcionar.

Además, Grassi SA también responderá por el crédito si Vicentin no puede pagarlo. El juez consideró razonable usar como garantía el 8,33% de Renova porque la empresa conservará la mayor parte de sus acciones. Aunque las acciones queden en prenda, Vicentin mantendrá el derecho a votar y a cobrar los dividendos, y Bunge no podrá ejercer esos derechos mientras esté vigente la garantía. La empresa deberá informar cada tres meses cuánto dinero recibió y para qué lo utilizó, y el Comité de Acreedores podrá proponer un sistema de control.