Acusado por error de amenazar a Trump: reclama US$5,5 millones al DHS

Un inmigrante mexicano que reside en Estados Unidos fue acusado falsamente en 2025 de amenazar al presidente Donald Trump y ahora exige una indemnización de US$5,5 millones al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La Justicia determinó que las cartas con amenazas las escribió otra persona y que el objetivo era provocar su deportación.

El hombre, identificado como Ramón Morales Reyes, presentó una reclamación administrativa contra la agencia federal junto a su esposa y tres de sus hijos. En el escrito también solicita un juicio con jurado por el daño emocional, el estrés y la depresión que le ocasionó el caso.

En mayo de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a Morales Reyes, un migrante mexicano indocumentado, señalado como autor de varias cartas con amenazas contra Trump. En ese momento, el DHS lo calificó como “inmigrante ilegal que amenazó con asesinar al presidente”.

La agencia federal publicó la imagen de Morales Reyes y una de las cartas en sus canales oficiales. La investigación posterior reveló que el mexicano no sabe leer ni escribir en inglés.

A principios de junio, las autoridades judiciales de Wisconsin concluyeron que las cartas no fueron escritas por Morales Reyes, sino por Demetric Deshawn Scott, quien después fue sentenciado por robo y agresión a 16 años y medio de prisión.

“Me siento con miedo desde que salí del centro de detención”, declaró Morales Reyes. El migrante sostuvo que Scott tenía motivos para perjudicarlo, ya que él podía declarar en su contra en una causa judicial. La fiscalía del condado de Milwaukee determinó que el objetivo de las cartas era provocar la deportación del testigo.

Pese a que las autoridades reconocen el fallo del sistema y saben que no escribió las cartas, su imagen y su información siguen publicadas en las redes sociales del gobierno federal, donde lo vinculan con las amenazas con una pequeña aclaración al final. Por eso, el reclamo incluye la eliminación de su nombre y sus datos del portal oficial de la agencia.

Tras la presentación de la queja administrativa, el gobierno federal tiene un plazo de seis meses para responder. Si no lo hace, el reclamante puede considerar la reclamación denegada y continuar con el proceso judicial.

En paralelo, Morales Reyes continúa su proceso legal para evitar la deportación. Su defensa pidió formalmente la cancelación de la orden de expulsión. “Tiene más de 10 años en el país, ha sido una persona de buen carácter durante este plazo y tiene hijos ciudadanos que pueden sufrir por su deportación”, explicó el abogado Cain Oulahan.

Como parte del proceso migratorio, el mexicano se prepara para afrontar una próxima audiencia de méritos, una etapa que podría ser clave para revocar la orden de deportación en su contra.