Solo 1,3% de las denuncias contra jueces terminó en sanción en el Consejo de la Magistratura

Solo el 1,3% de las denuncias presentadas contra jueces federales y nacionales en el Consejo de la Magistratura terminó con un castigo para el denunciado. Así lo reveló un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que analizó los 27 años de funcionamiento del organismo encargado de seleccionar y controlar a los magistrados.

En total se registraron 5170 presentaciones: 4910 se cerraron, 260 siguen en trámite y apenas 43 derivaron en sanciones disciplinarias (21 multas y 22 apercibimientos). A eso se suman 21 destituciones ordenadas por el Jurado de Enjuiciamiento.

El trabajo, titulado “¿Justicia intocable?”, fue presentado junto a la plataforma JusTA en una página web que incluye el detalle de cada expediente y las opiniones de especialistas. Uno de los datos más críticos es el de la caducidad: 469 casos (9,55%) se cerraron por el mero paso del tiempo. La ley establece que si pasan tres años desde la denuncia sin resolución del plenario, el expediente caduca sin pronunciamiento sobre los hechos.

El circuito de una denuncia tiene dos caminos. Si llega a la Comisión de Disciplina, el juez puede recibir una advertencia, un apercibimiento o una multa. Si avanza hacia la Comisión de Acusación, el magistrado puede ser suspendido y acusado ante el Jurado de Enjuiciamiento, que realiza el jury con fiscales designados por el propio Consejo. Hoy hay 225 expedientes en Disciplina y 32 en Acusación. Gran parte de las presentaciones se desestiman “in limine” por no cumplir los requisitos mínimos.

El informe menciona tres “casos paradigmáticos”. El de Diego Hernán Papa, juez comercial porteño denunciado en 2023 por presunto maltrato y acoso laboral: el Consejo recibió 58 testimonios y debatió dos sanciones, pero ninguna alcanzó la mayoría exigida y la causa se archivó por caducidad. El de Ariel Lijo, juez federal con 22 años en el cargo y 41 denuncias disciplinarias, la mayoría desestimadas, varias aún en trámite cuando Javier Milei lo propuso para la Corte Suprema. Y el de Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora denunciado en 2023 por atribuirse competencias ajenas, con una causa que caducará el 1° de diciembre de 2026 si el plenario no se expide.

El estudio apunta contra la “pasividad” del Consejo como forma de protección. Señala que no hay un proceso reglamentado ni un calendario fijo de reuniones, y que las comisiones se reúnen cada vez menos. “Los datos evidencian que, en los últimos años, las reuniones de comisiones fueron cada vez menos frecuentes”, sostiene el documento.

La exdiputada y exconsejera Marcela Rodríguez afirmó: “Los jueces en la Comisión de Disciplina tienen un poder enorme y entre ellos se respetan. Todavía ahora, mandar una causa a Disciplina es salvar al juez”. Alfonso Santiago, de la Universidad Austral, sostuvo que el Jurado de Enjuiciamiento funcionó bien, pero advirtió que “no todos los casos que debieron llegar, lo hicieron” por decisión del Consejo. Mauro Benente, doctor en Derecho, planteó: “Llama la atención que frente a un plantel de alrededor de mil jueces se hayan aplicado tan pocas sanciones”.

ACIJ recordó que la remoción solo tras un proceso complejo es una garantía de independencia, pero advirtió que si esos procesos no funcionan, esa garantía de independencia puede transformarse en garantía de impunidad.