Colegios privados piden autonomía para decidir sobre celulares en el aula

La Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Argentina (Aiepa) reclamó que cada colegio conserve la autonomía para decidir si prohíbe el uso de celulares en las aulas o establece las condiciones para incorporarlos a su proyecto pedagógico. El pedido llega después de que el Senado bonaerense avanzara en la sanción de una ley que restringe los teléfonos en la educación secundaria, tanto en establecimientos públicos como privados.

La norma todavía no fue publicada en el Boletín Oficial y, por lo tanto, no se sabe desde cuándo regirá. Cuando eso ocurra, el Poder Ejecutivo bonaerense deberá reglamentarla y definir la autoridad de aplicación, que será la encargada de elaborar los protocolos concretos para las instituciones.

El secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, explicó el eje del planteo. "El aspecto central es que las escuelas cuenten con respaldo legal y herramientas concretas para hacer cumplir sus decisiones. Una prohibición sin consecuencias claras ante su incumplimiento termina debilitando la autoridad institucional", afirmó.

Desde la entidad, que agrupa a más de 5000 institutos de todo el país, advirtieron en un comunicado que medidas como la retención transitoria de un dispositivo "pueden generar cuestionamientos y conflictos con las familias". Por eso pidieron que cualquier regulación contemple procedimientos y consecuencias expresamente habilitados por la normativa, que protejan tanto a estudiantes como a docentes y directivos.

El antecedente inmediato es la ley 15.534, que ya regula el uso del celular en el nivel primario bonaerense y que, según reconocen en el sector, tuvo una aplicación dispar porque no se determinaron mecanismos de control. Muchas instituciones ya habían avanzado por su cuenta con restricciones e incluso colocaron lockers para guardar los teléfonos al ingresar al aula, pero sin un aval legal explícito. Con el tiempo, el control se fue relajando en varios colegios.

A esa preocupación se sumó el crecimiento de las apuestas deportivas entre menores y el aumento de casos de deepfakes, como la denuncia contra alumnos de un colegio de Lomas de Zamora por crear imágenes sexuales de compañeras con inteligencia artificial. Padres e instituciones avalan la regulación, aunque advierten que la medida no alcanza para reducir el tiempo en pantalla ni el impacto en la salud mental de los adolescentes.

La restricción aprobada por el Senado establece que el teléfono debe guardarse durante la jornada escolar y que un "uso responsable" implica no utilizarlo en clase, salvo excepciones pedagógicas solicitadas por el propio docente. No se trata de una prohibición absoluta del aparato dentro del edificio, sino de una regla de uso que el profesor puede levantar para una actividad concreta.

Zurita puso el foco en el rol de las familias. "Las escuelas son espacios de aprendizaje, socialización y construcción de límites. Pero no podemos olvidar que los celulares son dispositivos que llegan a las instituciones desde el entorno familiar, cuya responsabilidad también resulta fundamental", sostuvo. Y agregó: "Creemos que, como sociedad nos debemos un debate mucho más profundo sobre el impacto de las redes sociales en niños, adolescentes y también adultos. Es un desafío que excede ampliamente las paredes de la escuela".

El debate sobre los celulares en las aulas también avanza en otras jurisdicciones. En la Ciudad de Buenos Aires, más de 107 mil familias acordaron no dar teléfonos antes del secundario, mientras que México prohibió su uso en primarias y secundarias desde el 3 de noviembre.