ICE oculta el paradero de miles de detenidos y cuatro organizaciones lo demandan

Cuatro organizaciones de asistencia legal presentaron una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos para exigir que restablezca el acceso a la información sobre el paradero de las personas bajo custodia migratoria. El conflicto comenzó cuando la agencia dejó de informar públicamente dónde se encuentran los adultos con órdenes definitivas de deportación.

La demanda fue presentada el 28 de octubre ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts. La acompañaron la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el National Immigration Law Center y el National Immigration Project.

Según las organizaciones demandantes, el cambio se aplicó alrededor del 15 de septiembre mediante una disposición denominada ODLS Final Order Policy. Desde entonces, quienes intentan ubicar a un inmigrante bajo custodia a través del Sistema en Línea de Localización de Detenidos (ODLS) pueden encontrarse con una respuesta de cero resultados.

La modificación también alcanzó las consultas directas. Los empleados del ICE recibieron órdenes para no informar por teléfono ni de manera presencial el lugar de detención de las personas comprendidas en esta nueva disposición.

Hasta la implementación de esta política, el portal ODLS permitía consultar la ubicación de cualquier adulto detenido por el ICE bajo custodia civil. El mecanismo funcionaba desde 2010 y facilitaba que familiares y representantes legales identificaran el establecimiento donde se encontraba una persona.

La nueva disposición modificó ese procedimiento para quienes tienen una orden final de deportación. Al ingresar el nombre o el número de extranjero, conocido como A-number, la plataforma deja de mostrar información sobre su ubicación, incluso si la persona aún permanece dentro de una instalación federal.

Las organizaciones estimaron que entre 16.000 y 20.000 personas quedaron fuera del sistema, una cifra que representaría cerca del 32% de la población retenida por el ICE. La medida se aplicó en gran parte de la red nacional de centros de detención, con excepciones limitadas a determinadas instalaciones.

De acuerdo con la causa, identificada como Greater Boston Legal Services et al. v. Mullin, la falta de información sobre el lugar de detención genera dificultades para quienes necesitan intervenir en procedimientos migratorios. El argumento central es que una orden final de deportación no elimina todas las posibilidades de defensa legal.

Las personas retenidas todavía pueden solicitar la reapertura de sus expedientes, presentar recursos de habeas corpus ante tribunales federales, pedir protección frente a determinadas expulsiones a terceros países o denunciar condiciones de detención y posibles abusos. Sin conocer el establecimiento donde se encuentra el detenido, los abogados pueden tener problemas para establecer contacto, coordinar entrevistas, entregar documentación y presentar solicitudes dentro de los plazos judiciales.

Las organizaciones también advirtieron que la restricción impide identificar y entrevistar a potenciales clientes que necesitan asistencia. El contexto de deportaciones de inmigrantes enfermos en Estados Unidos agrava la situación de quienes quedan sin representación.

"A nadie se le debería negar una oportunidad real de defender sus derechos", dijo Jacquelynne Bowman, directora ejecutiva de una de las organizaciones demandantes, en un comunicado. "Este nuevo cambio administrativo arbitrario deja a cientos de miles de personas en riesgo de sufrir consecuencias que podrían cambiarles la vida, sin la asistencia legal esencial", agregó.

La acción judicial se suma a otras medidas de la agencia que restringen el acceso a la información y encarecen los trámites para los detenidos, como el cobro de US$5300 a inmigrantes con orden de deportación detenidos desde el 16 de octubre.

Las cuatro organizaciones que impulsan la demanda son Greater Boston Legal Services (GBLS), Rian Immigrant Center, Florence Immigrant and Refugee Rights Project (FIRRP) y Amica Center for Immigrant Rights. Todas brindan asistencia legal a personas detenidas y dependen de poder localizarlas para representarlas.