Denuncias contra jueces: cientos de casos, casi ninguna sanción en el Consejo de la Magistratura

El sistema de control disciplinario de los jueces federales acumula cientos de denuncias pero produce muy pocas sanciones. Entre 2022 y 2026, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura resolvió más de 500 expedientes, pero solo siete dictámenes propusieron sanciones y apenas tres fueron confirmados por el Plenario.

Al comenzar ese período había 248 denuncias pendientes. Entre 2023 y 2024 ingresaron al menos otras 486. Más del 90% de los casos derivó en la Comisión de Disciplina, mientras que la Comisión de Acusación recibió alrededor del 10% restante.

La brecha entre ambos organismos es notable. La Comisión de Acusación produjo seis dictámenes acusatorios por mal desempeño: tres terminaron con la destitución del magistrado, uno con su renuncia antes de finalizar el procedimiento, otro con su restitución por decisión del Jurado de Enjuiciamiento y el sexto está próximo a iniciar el juicio.

Un dato estructural alimenta el debate: en la Comisión de Disciplina cuatro de sus diez integrantes son jueces. En Acusación no hay magistrados. Esa composición plantea la pregunta sobre si puede favorecer una lógica de autoprotección corporativa.

"La independencia judicial es una garantía esencial de cualquier república. Un juez debe poder resolver conforme a la Constitución y la ley sin temor a presiones. Pero la independencia no puede significar ausencia de responsabilidad", sostuvo Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura y referente de la Lista Unidad en Defensa de la Abogacía.

El contexto de desconfianza es medible. El último Índice de Confianza en la Justicia, elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella y el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, se ubicó en junio en 48,7 puntos, 3,7 menos que en la medición anterior.

De la Torre remarcó que no se trata de excluir a los jueces del control disciplinario, ya que su presencia evita que el mecanismo se convierta en una vía indirecta para revisar sentencias. Pero advirtió que cuando el órgano con mayor presencia judicial concentra más del 90% de las denuncias y produce tan pocas sanciones, el riesgo de una mirada excesivamente corporativa no puede descartarse.

La consejera también aclaró que no toda denuncia debe terminar en sanción. Muchas son improcedentes y otras intentan convertir una discrepancia con una sentencia en una cuestión disciplinaria. "Proteger la independencia judicial no significa resignar controles", afirmó.

Entre destituir a un juez y no hacer nada existe un régimen disciplinario que debe funcionar. Investigar seriamente, determinar responsabilidades cuando corresponda y aplicar una sanción proporcionada también puede corregir prácticas y marcar límites, según planteó.

Hay además una deuda institucional pendiente. La Justicia federal todavía no cuenta con un Código de Ética Judicial. El proyecto ya obtuvo dictamen unánime de la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura y solo resta su tratamiento por el Plenario.

"Tenemos que mejorar cómo seleccionamos a nuestros jueces y, al mismo tiempo, cómo controlamos el ejercicio de una función que concentra un enorme poder. La responsabilidad institucional no termina cuando un juez es designado. En muchos sentidos, ahí recién empieza", concluyó de la Torre.