Elección de consejeros abogados: el 20 de octubre se define el futuro de la Justicia

El próximo 20 de octubre, los abogados de la matrícula federal de todo el país elegirán a sus representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación para los próximos cuatro años. La votación llega en un momento crítico: la demora en la cobertura de vacantes judiciales se convirtió en un problema estructural que afecta el funcionamiento cotidiano de los tribunales y la confianza pública en la Justicia sigue erosionada.

El mecanismo de selección de magistrados concentra las críticas. En la práctica, el destino de una candidatura gira en torno de una entrevista personal ante el plenario, lo que relega a un segundo plano la trayectoria profesional y los antecedentes de los postulantes. En marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó un proyecto de nuevo Reglamento de Concursos (Acordada 4/2026) y lo remitió al Consejo para su tratamiento.

El máximo tribunal reconoció en sus fundamentos que la entrevista personal se venía aplicando “sin criterios suficientemente estandarizados” y con una amplitud que permitía alterar el orden de mérito construido en las instancias técnicas previas. La propuesta acota esa etapa a veinte puntos sobre un total de doscientos, distribuidos en pautas tasadas, y establece reglas objetivas para la conformación de las ternas. Los próximos consejeros abogados serán quienes decidan si esa reforma se adopta o se archiva.

En ese contexto, quiénes ocupen las bancas del estamento de abogados no es un asunto político: es una decisión que moldea la Justicia de los próximos años. Los candidatos deben ser abogados de integridad comprobada, con experiencia genuina en el ejercicio de la profesión en cualquiera de los departamentos judiciales del país, y no solo títulos académicos o cargos formales.

También necesitan un conocimiento profundo de la Magistratura: saber cómo funcionan los tribunales, qué desafíos enfrentan los jueces y qué hace a un buen magistrado. Solo la reputación y la solvencia profesional permiten a un consejero abogado dialogar de igual a igual con los otros miembros del Consejo: jueces, legisladores, académicos y el representante del Poder Ejecutivo.

Quien carezca de ese peso propio será irrelevante en las discusiones o, peor aún, funcional a intereses ajenos a la Justicia. La abogacía organizada tiene una responsabilidad que excede lo gremial: proponer candidatos a la altura de la tarea de seleccionar magistrados para la Nación y evitar que esta elección se convierta en una interna partidaria.

El perfil de los consejeros importa por lo que está en juego: la independencia del Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura es su guardián institucional, porque decide quiénes serán jueces, si incurren en inconductas y si deben ser sancionados. El artículo 114 de la Constitución Nacional trazó ese diseño: un Consejo que equilibra la legitimidad democrática con la independencia técnica del Poder Judicial.

Las consecuencias de un Consejo que no funciona no son abstractas. La Justicia nacional arrastra centenares de vacantes sin cubrir, los concursos tardan años en resolverse y los juzgados funcionan con subrogantes que carecen de la estabilidad y la independencia que otorga un nombramiento definitivo. Cuando el Consejo no selecciona con rigor, se designan jueces débiles, se demoran concursos y la Justicia pierde credibilidad ante una sociedad que la percibe cada vez más lejana.

Por eso, los abogados de la matrícula federal no pueden dejar de votar el 20 de octubre. Deben hacerlo pensando en la institución y no en el candidato de su grupo, votando por aquellos que hayan demostrado con hechos la solvencia y la probidad que el cargo exige. Elegir buenos consejeros es el primer paso para tener buenos jueces. Y tener buenos jueces es condición necesaria para que la República funcione.