El DHS propone una tarifa de US$70.000 para estudiantes extranjeros que trabajan en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) propuso una tarifa de US$70.000 por la primera recomendación de capacitación práctica opcional (OPT) de cada estudiante con visa F-1, y de US$30.000 por cada recomendación posterior. La regla se publicó el 8 de octubre en el Registro Federal y el plazo para recibir comentarios vence el 9 de noviembre.

El pago recaería sobre la escuela certificada, antes de que su oficial designado registre la recomendación. El monto no depende del empleador ni de un cambio de trabajo: se activa cada vez que la institución recomienda a un alumno para cualquier tipo de OPT. Una práctica previa a la graduación y otra posterior sumarían US$100.000.

El DHS sostiene que la tarifa busca combatir el fraude y proteger a los trabajadores estadounidenses, y advierte que sin ella el programa podría cerrarse. Cita 194.554 estudiantes con OPT y empleo reportado en 2024, frente a 160.627 en 2023, y afirma que eligió un monto comparable al de las visas H-1B.

El propio análisis de la agencia estima costos anualizados de US$4.100 millones como cifra principal y transferencias de las escuelas al gobierno por US$12.800 millones al año. El documento prevé un grupo más pequeño de participantes y señala que el 56% de las instituciones reguladas son pequeñas.

La medida se apoya en la facultad del DHS de fijar el tiempo y las condiciones de admisión de los no inmigrantes. Doug Rand, director del Talent Mobility Fund, cuestionó ese sustento: escribió en LinkedIn que la agencia carece de autoridad para imponer la tarifa, según declaraciones que recogió la prensa estadounidense.

El impacto sobre los estudiantes latinoamericanos depende de la decisión de cada institución. Según un informe de 2024 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), había 44.721 registros activos de estudiantes F-1 y M-1 de Brasil, 23.964 de México y 23.786 de Colombia. Otra tabla de la agencia contabiliza registros con autorización para la extensión de 24 meses en carreras STEM: 1.532 de Brasil, 1.234 de México y 1.009 de Colombia.

Como el cobro recaería en las escuelas, el efecto final sobre cada alumno dependería de si la institución decide pagarlo, trasladarlo a estudiantes o empleadores, o directamente no recomendar OPT. La regla admite esas tres opciones, en línea con las nuevas preguntas del formulario DS-260 y con otros cambios que endurecen los requisitos para quienes buscan estudiar o trabajar en el país.

El DHS también evaluó cobrar de nuevo los US$70.000 al pasar a un nivel educativo superior y pidió opiniones sobre esa alternativa. Los comentarios sobre la regla vencen el 9 de noviembre en el expediente ICEB-2026-0100 de Regulations.gov, y los relativos a la carga de papeleo, el 7 de diciembre.

La propuesta se suma a un contexto de mayores costos para los inmigrantes en Estados Unidos, que incluye el cobro de US$5300 a detenidos con orden de deportación y otras tarifas que avanzan sobre el mismo universo de personas.