Nueva York activa la prohibición de acuerdos policiales con el ICE

Nueva York aplica desde este martes la prohibición de los acuerdos 287(g) entre las fuerzas de seguridad estatales y locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida, impulsada por la gobernadora Kathy Hochul, limita la participación de las autoridades locales en tareas federales de aplicación de las leyes migratorias civiles.

La normativa, conocida como Local Cops, Local Crimes Act, fue firmada por Hochul el 27 de mayo y establece que los gobiernos locales no pueden celebrar ni mantener acuerdos 287(g). Según la Fiscalía General de Nueva York, 12 agencias mantenían este tipo de convenios y debieron terminarlos antes del 25 de agosto.

En una conferencia de prensa en Albany, Hochul destacó que las fuerzas de seguridad locales deben concentrarse en los delitos de sus propias comunidades. “A partir de hoy, el ICE ya no podrá utilizar a las fuerzas policiales financiadas con recursos locales”, afirmó la gobernadora.

El programa 287(g), creado en 1996, permitía que agentes estatales y locales identificaran, detuvieran y arrestaran personas en nombre de las autoridades migratorias federales. La nueva legislación también restringe el uso de recursos locales y de determinadas instalaciones para alojar a personas detenidas por infracciones migratorias civiles.

La prohibición no alcanza a las investigaciones por delitos. Las fuerzas de seguridad estatales y municipales pueden continuar su cooperación con organismos federales cuando exista una investigación penal.

La medida generó tensiones con el gobierno de Donald Trump. El Departamento de Justicia cuestionó la legislación estatal y buscó frenar su aplicación ante un tribunal federal. El 3 de agosto, un juez federal rechazó el pedido de la administración Trump para suspender de manera preliminar la prohibición de los acuerdos 287(g).

La Oficina de Apoyo a Inmigrantes, creada dentro de la Fiscalía General de Nueva York, está facultada para investigar posibles incumplimientos, revisar registros, entrevistar testigos y promover acciones civiles cuando corresponda.