Semillas: contrapunto entre dos CEOs del agro por el cobro de la propiedad intelectual
En el Forum de LIDE Argentina, Ignacio Bartolomé (GDM) pidió un marco regulatorio para cobrar por la tecnología y Alejandro Elsztain (Cresud) reclamó una transición gradual

El debate por el cobro de la propiedad intelectual en las semillas quedó al desnudo en el Forum Nacional de Agronegocios de LIDE Argentina. Ignacio Bartolomé, CEO de GDM, defendió la necesidad de un marco regulatorio que permita cobrar por la tecnología incorporada a las semillas. Alejandro Elsztain, CEO de Cresud, le respondió con una advertencia sobre el momento económico del productor.
El cruce se produjo durante el panel “Agro y Agenda Argentina 2030, productividad, innovación y crecimiento”. Bartolomé venía explicando el avance de la edición génica cuando Elsztain pidió la palabra. El eje no era si la tecnología tiene valor, sino cómo se incorpora ese costo después de años de dificultades para el sector.
“Soy de los que pagan, te puedo decir eso. Pero se tienen que poner en los zapatos [de los productores] con un país que hizo algo que no es normal: las retenciones”, sostuvo Elsztain. Su propuesta fue que el pago por la tecnología siga una lógica gradual, en línea con el proceso de reducción de los Derechos de Exportación (DEX). “Creo que lo tienen que hacer de una forma también gradual para que el productor lo pueda aceptar”, afirmó.
Bartolomé retomó la palabra con una postura distinta. Para el CEO de GDM, la Argentina necesita un marco regulatorio que reconozca la propiedad intelectual y genere condiciones para que lleguen las nuevas tecnologías. “Es una decisión de cada uno, que tiene que haber un marco para que el que quiera la tecnología la pague, el que no quiera no la pague”, respondió.
El directivo había llegado a ese punto al hablar de las herramientas de mejoramiento genético, entre ellas la edición génica. Mencionó a CRISPR-Cas9, una técnica que permite mutaciones dirigidas y precisas en el ADN, y a variedades de soja con mayor desarrollo radicular o con arquitectura modificada para evitar el vuelco. Según dijo, hay plantas sembradas en la Argentina, Brasil y Estados Unidos, pero su llegada comercial depende del marco regulatorio.
“El gran tema en la Argentina que lo hablamos mucho es que esta tecnología está embebida en la semilla que vendemos”, explicó. Y agregó: “Mientras la Argentina no haga un cambio regulatorio para que esa tecnología se pueda vender y se pueda cobrar por lo que se vende, probablemente la tecnología no llegue a la Argentina”.
Detrás del planteo aparece la discusión por la inversión en investigación y desarrollo. Bartolomé señaló que GDM invierte en el país un dólar por hectárea de soja en investigación y desarrollo, mientras que en Brasil invierte cuatro dólares. También marcó una diferencia en el porcentaje de productores que pagan por la semilla: 85% en Brasil y 40% en la Argentina.
La comparación llevó a cuestionar la antigüedad del marco legal. Según Bartolomé, la ley que regula la actividad data de 1973, cuando no existían los transgénicos ni la edición génica. Mientras intenta avanzar en un cambio más amplio, la industria puso en marcha un esquema privado mediante el cual el productor que quiere acceder a determinadas tecnologías se compromete contractualmente a pagar por ellas. Ese mecanismo ya cuenta con 30.000 productores que firmaron el acuerdo.
Bartolomé también cuestionó el costo de controlar quién paga y quién no: “Hoy gastamos exactamente lo mismo en controlar que nos paguen que en desarrollar variedades”.
Elsztain introdujo otra dimensión: el momento económico del productor. Dijo que el agro atravesó un período de “supervivencia” y que, aunque él paga por la tecnología, entiende que para otros asumir ese costo requiere una transición. “No los justifico, pero entiendo la situación. Entonces, el Gobierno está reduciendo las retenciones de manera gradual [desde enero próximo], proyectando 0,25 por mes por año hasta llegar al 21%”, remarcó.
Después, la conversación volvió al escenario general del agro. Ignacio Lartirigoyen, presidente de Lartirigoyen, puso el foco en la competitividad y señaló que el sector debe volver a priorizar la eficiencia agronómica, producir al menor costo posible y responder a las exigencias de los mercados en un contexto de costos elevados. Elsztain destacó la reducción de la brecha cambiaria y el ingreso de nuevas tecnologías, y describió una etapa en la que el productor vuelve a mirar hacia la incorporación de herramientas para mejorar sus rendimientos.
Por qué importa
El debate define si la Argentina accede a las nuevas tecnologías de edición génica o queda fuera del mercado global de semillas. De eso dependen la inversión en investigación, la competitividad del agro y el costo que asume el productor.
Qué sigue
La industria seguirá empujando una actualización de la ley de semillas de 1973, mientras el esquema privado de pago suma adhesiones. La reducción gradual de retenciones desde enero será la variable que marque el ritmo del productor.
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