AMIA: la defensa de los iraníes prófugos aceptó el juicio en ausencia pero reclamó garantías

La defensa oficial de los iraníes y libaneses prófugos acusados por el atentado a la AMIA no se opuso a la realización del juicio en ausencia, pero reclamó garantías de que sus representados puedan ser juzgados otra vez si se presentan en la Argentina. Lo hizo durante una audiencia en la Cámara Federal de Casación Penal, donde el tribunal quedó en condiciones de resolver sobre la constitucionalidad de la ley sancionada en 2025.

El defensor oficial Enrique Comellas sostuvo que su planteo no busca frenar el proceso por el ataque del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y centenares de heridos en Pasteur 633. “Esta defensa no se opone a la realización de un juicio en ausencia, más en un hecho tan grave, pero el sistema reclama que en todos los casos se garantice un nuevo juicio”, argumentó.

Comellas aclaró que iba a “reconducir” el recurso de apelación y limitó sus objeciones de inconstitucionalidad al artículo 431 septies del Código Penal, incorporado por la ley de juicio en ausencia. No puso en duda la validez general de la norma, sino la redacción de ese artículo, que impide un nuevo debate para los prófugos condenados.

“El juicio en ausencia en sí no es inconstitucional en la medida que se garantice un nuevo juicio. Reclamo que se respete ese estándar. No es inconstitucional si se anuncia que se va a garantizar un nuevo juicio en el caso de que sean condenados y habidos”, explicó el defensor.

En la misma audiencia, la fiscalía a cargo de Raúl Pleé defendió la constitucionalidad de la ley y sostuvo que la incomparecencia de los acusados “no vulnera su defensa en juicio porque fue una decisión propia”. Los querellantes familiares de las víctimas y la AMIA insistieron en avanzar con el mecanismo.

El abogado Tomás Farini Duggan, que representa a Luis Czyzewski y Mario Averbuch, familiares de víctimas, expresó por escrito que las modificaciones al Código Penal “representan un significativo progreso para las víctimas, que demandan justicia, y para el Estado, que tiene el deber de proporcionarla”.

La AMIA pidió desestimar el reclamo de la defensa oficial en un escrito firmado por su presidente, Osvaldo Armoza, y el abogado Miguel Bronfman. “Surge de las actuaciones que los acusados poseen conocimiento efectivo y pleno sobre la existencia de la causa en su contra. El estándar internacional no exige una notificación formal personada si se acredita fehacientemente que las personas conocían los cargos imputados”, afirma el texto.

Además, la entidad remarcó que la sanción de la Ley 27.784 “no solo es válida constitucionalmente, sino que responde directamente al cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Comellas advirtió que, si se rechaza su planteo, la Argentina podría quedar sin herramientas para lograr extradiciones. Citó casos de la legislación europea en los que un país se negó a entregar a un prófugo porque el Estado requirente no garantizaba un nuevo juicio. Por eso habló de una “esquizofrenia legislativa” y sostuvo que, sin esa garantía, “Argentina no tendrá ninguna posibilidad de que le acepten pedidos de extradición de los imputados por el atentado contra la AMIA, si son detenidos en otro país”.

Los acusados alcanzados por el proceso son Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Ángela Ledesma deberán resolver ahora sobre la validez de la ley.

En el último acto por el aniversario del ataque, Armoza había advertido que “durante este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa: es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada”. También había instado a la Sala II de Casación a resolver la validez del juicio en ausencia. “No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos”, dijo el 18 de julio pasado.