El rechazo a los data centers de IA define las elecciones de medio término en EE.UU.

Las elecciones de medio término del 3 de noviembre en Estados Unidos le dieron a los demócratas el control total del Congreso y dejaron al descubierto una nueva fuerza política: el rechazo ciudadano a los data centers que sostienen la inteligencia artificial. Según una encuesta de salida, casi el 80% de los votantes se opone a que esas instalaciones se construyan en sus barrios y casi el 60% las consideró un factor decisivo a la hora de sufragar.

El malestar cruzó las líneas partidarias. Más de la mitad de los consultados sostuvo que la IA hará más mal que bien, y en varios estados los candidatos que se pronunciaron contra la expansión acelerada de estos centros ganaron sus bancas. El resultado anticipa un choque mayor entre la nueva mayoría legislativa y la Casa Blanca, que sigue en manos republicanas.

El caso más visible fue Ohio, donde OpenAI proyecta un data center de US$500.000 millones, con más de US$100.000 millones de financiamiento de Nvidia. El condado donde Meta planeaba una instalación de 700.000 pies cuadrados acaba de aprobar una prohibición, y distintas comunidades del estado votaron de forma abrumadora contra las medidas que habilitaban esas obras.

Los analistas de Morgan Stanley prevén que Amy Acton, gobernadora electa de Ohio, represente también un riesgo serio para el despliegue de data centers en ese estado. En Texas, Maine, Michigan, Nevada, Georgia y Carolina del Sur hubo candidatos que llegaron al poder con la misma bandera. Goldman Sachs anticipa demoras en la construcción en Georgia y Texas por el avance demócrata.

"Está claro que el dinero no compra resultados", afirmó Anshi Bhatt, investigadora de tecnología y políticas públicas, para quien construir un "villano local" se volvió una forma eficaz de generar impulso de campaña. Los súper PAC pro-IA gastaron millones para inclinar la balanza y no lo lograron.

Entre los próximos pasos posibles aparecen más moratorias de construcción y la exigencia de que las empresas paguen por su propia infraestructura eléctrica en lugar de trasladar ese costo a las comunidades vecinas. También cobra fuerza el proyecto que el senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez presentaron este año, que propone una moratoria nacional hasta que el Congreso fije nuevos controles y garantice que la expansión no eleve las tarifas eléctricas ni dañe el ambiente. Cualquier iniciativa de ese tipo enfrentaría un posible veto presidencial.

En paralelo se discute la GRID Savings Act, impulsada por el senador de Nuevo México Martin Heinrich, que impediría trasladar a los usuarios los costos de infraestructura de red asociados a los grandes centros de IA. Maia Woluchem, directora de programas de Data & Society, cree que los cambios en regulación energética, derechos de suelo y políticas ambientales incidirán en el ritmo de las obras, sobre todo si los demócratas investigan la desregulación ambiental de la administración anterior.

"Independientemente de lo que haga el gobierno federal, imagino que veremos más movimiento a nivel estatal y local, dada la inercia que se viene gestando desde abajo", sostuvo Woluchem. Puso como ejemplo a Gina Hinojosa, gobernadora electa de Texas, que centró buena parte de su campaña en oponerse a los data centers y apoya una moratoria estatal. En ese estado el sistema eléctrico mostró su fragilidad en la última década.

El fondo del conflicto excede a los edificios. Un ejecutivo de private equity señaló que la gente no rechaza tanto los data centers como la IA, y que esas instalaciones se convirtieron en el blanco de los temores sobre la tecnología. Nadine Smith, presidenta de la organización por la justicia racial Color of Change, habló de un referéndum sobre "para quién está construida esta economía" y anticipó una pulseada con la industria.

"Incluso entre los demócratas, una congelación total es discutida", advirtió Smith, en alusión a quienes temen que una moratoria frene el avance de la IA y afecte la seguridad nacional. La dirigente espera que los lobistas del sector empiecen a llamar a los legisladores. "Los demócratas hicieron campaña con que las grandes tecnológicas paguen. Nuestro trabajo es que se acuerden cuando se apaguen las cámaras", remarcó.

El enojo también se alimenta de casos concretos. Amazon construyó un data center en Gilroy, California, sin que muchos vecinos lo supieran, amparada en una ley de zonificación de hace 45 años. Las normas ambiguas u obsoletas y los acuerdos de confidencialidad que se exige firmar a funcionarios locales avivaron la indignación, igual que los miles de millones en exenciones impositivas que recibió el sector.