Estados Unidos advierte por inversiones en Nicaragua tras confiscaciones a ciudadanos

El gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia sobre los riesgos de invertir en Nicaragua, después de que ciudadanos estadounidenses denunciaran la pérdida de propiedades y bienes comerciales por decisiones de las autoridades locales. Los señalamientos apuntan a los presidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes responsabilizan por confiscaciones que se realizan sin garantías legales.

La advertencia incluye además una recomendación de reconsiderar los viajes a ese destino, que el Departamento de Estado mantiene en Nivel 3 por riesgos de seguridad, detenciones arbitrarias y aplicación de las leyes locales.

Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, cuestionó públicamente los procedimientos de la que consideró la “dictadura de Murillo-Ortega” sobre las propiedades de estadounidenses en el país centroamericano. “La dictadura de Murillo-Ortega realiza incautaciones ilegales de propiedades pertenecientes a ciudadanos estadounidenses que son inaceptables y demuestran por qué el Departamento de Estado aconseja que ejerzan una precaución extrema antes de invertir en Nicaragua”, dijo el funcionario en su cuenta de X.

La advertencia no se limitó a las inversiones. Washington también alertó sobre la posibilidad de perder bienes sin recibir una compensación. “Como informan los medios, las autoridades son conocidas por incautar propiedades y activos financieros sin previo aviso ni justificación legal”, sostuvo Segura. “Le instamos a revisar los riesgos antes de que se conviertan en su realidad, y a reconsiderar los viajes a Nicaragua”, agregó.

Uno de los casos señalados involucra a nueve jubilados estadounidenses que tenían casas en playa Gavilán, en el municipio de Tola, departamento de Rivas. A finales de agosto, las autoridades nicaragüenses tomaron posesión de las viviendas, cuyo valor conjunto, incluidas las mejoras y los bienes que contenían, se estimó en unos US$15 millones.

Los propietarios utilizaban esas residencias para sus vacaciones desde hacía más de 15 años. De acuerdo con los testimonios difundidos, personas que se presentaron como funcionarios del gobierno o representantes del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) exigieron las llaves a los guardias y ordenaron desalojar al personal, sin que los afectados recibieran una notificación judicial previa.

“Me avisó la gente que trabaja conmigo allí, diciendo que alguien del gobierno entró, preguntó y retiró las llaves y quitaron a la gente”, relató uno de los jubilados identificado como “José”. La operación incluyó la cancelación de contratos de arrendamiento correspondientes al año en curso.

Los estadounidenses afirmaron que eran propietarios de las construcciones bajo el régimen establecido por la Ley de Zonas Costeras y que pagaban los impuestos y el canon anual de arrendamiento municipal. Posteriormente, las propiedades fueron transferidas al INSS por medio de la Procuraduría General de Justicia. “Yo me siento triste porque estábamos allí para apoyar a la gente. Cuando me quitaron todo, la gente perdió sus trabajos, teníamos 50 personas empleadas”, agregó uno de los afectados.

Las denuncias abarcan otros bienes comerciales y productivos, como hoteles y vehículos. Uno de los inversionistas estimó que el conjunto de las inversiones comprometidas rondaría los US$50 millones. Los propietarios de las viviendas de playa también informaron que funcionarios del Seguro Social les ofrecieron la posibilidad de alquilar sus propias casas por US$2000 mensuales.

Aunque ocho de los nueve estadounidenses recuperaron las llaves de sus viviendas, los denunciantes sostuvieron que eso no resuelve el conflicto. Según explicaron, todavía no cuentan con garantías suficientes sobre sus derechos de propiedad y temen que puedan volver a perder el control de los inmuebles.

La pulseada entre Washington y Managua se da en un contexto de tensión regional sostenida, con el gobierno de Ortega y Murillo cuestionado por organismos internacionales. La advertencia oficial busca desalentar nuevas inversiones y viajes mientras persistan las denuncias por confiscaciones.