El testigo mexicano que declaró contra narcos fue deportado tres veces y el ICE lo detuvo otra vez

Un ciudadano mexicano que declaró ante un jurado contra integrantes de organizaciones dedicadas al narcotráfico regresó a Estados Unidos por orden de una jueza federal y fue detenido otra vez por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) apenas cruzó la frontera. El hombre, identificado con el seudónimo John Doe para preservar su identidad, había sido expulsado del país en tres ocasiones durante el año en curso.

La jueza federal Stephanie A. Gallagher, de Maryland, ordenó su retorno tras considerar vulnerados sus derechos al debido proceso. La magistrada ya había declarado en desacato al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por incumplir sus resoluciones, en un expediente cuya información permanece parcialmente bajo reserva judicial.

La abogada del testigo, Anna Tijerina, sostuvo que su representado corre peligro en cualquier punto de México por el riesgo que representan las organizaciones criminales contra las que colaboró. "¿Cómo es posible que el gobierno ponga en riesgo la vida de las personas que le están ayudando a hacer más seguro al país?", afirmó. "Antes de todo esto, él no tenía miedo de regresar a México", agregó.

El caso expone las tensiones entre la cooperación de testigos con la Justicia estadounidense y el sistema migratorio. John Doe nunca fue incorporado al programa federal de protección de testigos ni recibió un permiso migratorio que le permitiera permanecer legalmente en el país, pese a haber arriesgado su vida para aportar pruebas contra el narcotráfico.

En julio de 2024, un juez de inmigración le concedió una suspensión de la expulsión a México bajo la Convención contra la Tortura (CAT). La decisión se basó en la posibilidad de que sufriera torturas si era enviado nuevamente a territorio mexicano debido a su colaboración con las autoridades estadounidenses.

Esa protección exige demostrar que existe una probabilidad mayor al 50% de sufrir tortura y que esta pueda producirse por acción de funcionarios públicos o de personas que actúen con consentimiento o tolerancia estatal. A diferencia del asilo, no requiere comprobar que el riesgo esté vinculado con raza, religión, nacionalidad u opinión política. Tampoco equivale a un permiso de residencia: puede revisarse o terminarse mediante los procedimientos previstos en la normativa, incluso a partir de nueva evidencia o de garantías diplomáticas.

La primera detención del testigo ocurrió después de declarar ante un jurado, cuando quedó bajo custodia del ICE. La protección bajo la CAT detuvo su deportación inicial y derivó en su puesta en libertad a finales de 2024. La segunda detención se produjo en enero, cuando acudió a una cita de control migratorio de rutina. Permaneció recluido seis meses en un centro de detención en Luisiana.

Durante ese período, su defensa presentó un recurso de habeas corpus y cuestionó el encarcelamiento. Mientras el litigio continuaba, las autoridades avanzaron con la expulsión. El 10 de julio fue trasladado a Guatemala, país que no aceptó su ingreso. Luego fue llevado hacia México, cuyas autoridades tampoco permitieron su permanencia al ser informadas de la protección CAT, y terminó nuevamente en territorio estadounidense.

Entre el 15 y el 16 de julio, las autoridades intentaron enviarlo directamente a México por segunda vez. El resultado fue similar: el país latinoamericano rechazó recibirlo. El mexicano permaneció unos diez días bajo custodia hasta que el 1° de agosto fue trasladado a la frontera de Texas y expulsado otra vez hacia México. Ante el temor de ser localizado por integrantes del crimen organizado, tuvo que permanecer escondido mientras su defensa buscaba una salida judicial.

Según el relato de su abogada, el gobierno estadounidense "nunca le realizó una entrevista de miedo creíble" que le permitiera evaluar adecuadamente su situación. El caso sigue abierto y la detención tras su regreso profundiza el conflicto entre las órdenes judiciales y la política migratoria de la actual administración.