Escándalo en Mendoza: un error de la Corte anuló la condena a un empresario por atropellar y matar a un joven

Un error administrativo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza provocó un terremoto institucional en la provincia. La demora en notificar una condena firme derivó en la prescripción de la causa contra un empresario que en 2017 atropelló y mató a un joven y huyó. El hecho generó conmoción social y tensión entre los poderes del Estado.

El Tribunal Penal Colegiado N° 2 declaró esta semana la extinción de la acción penal por el vencimiento de los plazos legales. La decisión benefició a Alejandro Verdenelli, de 52 años, quien en agosto de 2017 embistió con su camioneta Porsche Cayenne a Alan Villouta, de 21 años, en el Acceso Sur, cuando el joven salía de trabajar como mozo en el mall La Barraca, en Guaymallén. Verdenelli escapó sin auxiliar a la víctima y recién apareció tres días después, lo que impidió determinar si había consumido alcohol o estupefacientes.

El empresario del sector del transporte y la maquinaria agrícola fue condenado en 2020 por homicidio culposo a la pena mínima de tres años de prisión en suspenso y ocho años de inhabilitación para manejar. La defensa apeló y el caso llegó a la Corte provincial, que el 13 de abril de este año ratificó la sentencia, un día antes de que venciera el plazo de prescripción de seis años. Sin embargo, la notificación oficial se realizó cuatro días después, porque Verdenelli estaba de viaje en Malargüe, al sur de la provincia. Esa demora permitió que su defensa solicitara la prescripción, pedido que el tribunal penal hizo lugar.

El gobernador Alfredo Cornejo calificó la decisión de “guaranga” y expresó su respaldo a la familia de la víctima. “Acompañamos a la familia de Alan Villouta en su lucha por obtener justicia. Nadie que haya perdido un hijo debería atravesar, además, la angustia de que una causa llegue a este punto por dilaciones judiciales”, sostuvo. Y agregó: “Es una familia que ha sufrido mucho. Me sensibiliza como gobernador y como padre. Tienen una fortaleza envidiable para soportar una desidia judicial tan guaranga como fue la de la Sala Penal al tener el expediente dormido durante tanto tiempo”.

El mandatario adelantó que impulsará cambios legales para establecer plazos perentorios en la resolución de recursos judiciales. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal, a través de la Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional, presentará un recurso de casación para revertir la prescripción. La familia, como querellante, también anunció que presentará otro recurso.

La paradoja es que será la propia Corte provincial, la misma que demoró seis años en dejar firme la condena, la que deberá revisar la prescripción. La presión social y los cuestionamientos crecen desde todos los sectores, mientras la herida de la familia Villouta sigue abierta.