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Santa Cruz autoriza la venta de tierras en la Península de Magallanes a una firma con capitales de Dubai

Un decreto del gobernador Claudio Vidal permite de forma excepcional la operación en un área protegida frente al glaciar Perito Moreno, pese a la prohibición vigente desde 2017.

Redacción••3 min de lectura
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Polémica en El Calafate por la venta de tierras en una reserva provincial a una empresa extranjera

El Gobierno de Santa Cruz autorizó por decreto la venta de un inmueble en la Península de Magallanes, un área natural protegida frente al glaciar Perito Moreno, a una empresa constituida en el país pero controlada en su totalidad por capitales extranjeros. La operación, firmada por el gobernador Claudio Vidal a través del decreto 915/26, habilita a la firma Lacustre del Sud SA a vender "por única vez y con carácter estrictamente excepcional" el terreno a ASB Hospitality Calafate SAU.

El proyecto prevé la construcción de un ecoalojamiento extrahotelero de 24 cabañas y tres tramos de senderos de baja dificultad, según detalló Hugo Garay, presidente del Consejo Agrario Provincial. La medida generó un fuerte revuelo en El Calafate, sobre todo entre sectores empresariales, turísticos y ambientalistas que reclaman mantener el carácter prístino del área.

El punto más delicado es que el decreto representa una excepción a la normativa provincial que desde 2017 prohíbe la venta de tierras a extranjeros en áreas protegidas. La autorización queda limitada exclusivamente a esta operación.

Según el acta constitutiva publicada en el Boletín Oficial el 30 de julio, ASB Hospitality Calafate SAU fue constituida el 27 de julio como sociedad anónima unipersonal. Su único accionista es ASB Hospitality LLC, una sociedad inscripta en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el 11 de julio de 2018. La firma cuenta con un capital de 30 millones de pesos, representado por 30 millones de acciones de valor nominal de un peso cada una, y fijó domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

Garay explicó que el proyecto está alcanzado por el Plan de Manejo del Área Natural Protegida Península de Magallanes y que la parcela se ubica en la Zona de Uso Público Extensivo, que restringe la circulación de vehículos fuera de los caminos habilitados y fija pautas constructivas de bajo impacto. "La actividad turística debe ser compatible con un Plan de Manejo Sostenible del Bosque que garantice la conservación del sotobosque y la regeneración natural", afirmó el funcionario.

En materia ambiental, el proyecto cuenta con Declaración de Impacto Ambiental y contempla un sistema de volcamiento cero para los efluentes, gestión diferenciada de residuos y uso de energías renovables. También obliga a ubicar las construcciones y los senderos en sectores degradados o aclarados naturales, para evitar la afectación del bosque nativo.

La Legislatura provincial aprobó por unanimidad el acceso urgente al expediente para intervenir en el proceso. Según confiaron algunos diputados, la mayoría se enteró de la novedad por los medios de comunicación. El Concejo Deliberante de El Calafate reclamó que la comunidad, la más cercana al área, no tuvo posibilidad de opinar sobre una iniciativa que parece inminente.

La discusión llega después de la polémica por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ante la presión de los bloques aliados, el oficialismo retiró entonces el capítulo sobre extranjerización de tierras, que establecía un nuevo límite del 25% para la titularidad extranjera.

Gran parte de la Península de Magallanes, más de 38.000 hectáreas frente al glaciar Perito Moreno, quedó fuera de los límites del Parque Nacional Los Glaciares. El área fue loteada en la década del 60 y sus propietarios nunca pudieron avanzar con proyectos. Llegaron a la Corte Suprema porque la provincia les prohibió operar hasta que se sancionara un Plan de Manejo, demorado por décadas. En 2021 el máximo tribunal falló a favor de los litigantes, declaró inconstitucionales las normas ambientales dictadas durante la gobernación de Néstor Kirchner y ordenó elaborar un plan que se firmó en 2022.

Por qué importa

La operación marca un precedente sobre la extranjerización de tierras en áreas protegidas y reaviva el debate sobre el límite entre inversión turística y conservación ambiental en un paisaje emblemático de la Patagonia.

Qué sigue

La Legislatura provincial ya accedió al expediente para intervenir y el Concejo Deliberante de El Calafate reclama participación comunitaria. Resta saber si la excepcionalidad avanza sin frenos judiciales o administrativos.

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