California: por qué los inmigrantes con ahorros no pueden comprar una casa

En California, miles de familias inmigrantes con ahorros, ingresos estables e historial de propiedad en sus países de origen quedan excluidas del mercado inmobiliario y no pueden comprar una casa. Aunque tienen capacidad económica para adquirir una vivienda, las exigencias de documentación y de evaluación crediticia tradicionales en Estados Unidos les impiden calificar para un préstamo hipotecario en el mercado formal.

El problema atraviesa todo el territorio estadounidense, pero en California adquiere otra dimensión por la composición de su población: alrededor del 28% de los californianos nació fuera del país. La mayoría está en edad laboral, y aun así menos de uno de cada cinco hogares puede pagar una vivienda de precio medio.

Para las entidades prestamistas, el dinero en efectivo no puede aceptarse sin una cadena documental formal que demuestre su origen. Ese requisito deja los ahorros inutilizables y reduce el nivel de vivienda al que esas familias pueden aspirar, incluso cuando el dinero existe y está disponible.

A esa traba se suma la imposibilidad de transferir el historial de crédito internacional. Un comprador que pagó en término una hipoteca o los servicios públicos durante 15 años en otro país no puede trasladar esos antecedentes a los informes crediticios estadounidenses. Para el sistema de evaluación de riesgos, esas familias arrancan de cero al cruzar la frontera.

En California existen programas de asistencia para la primera casa, pero los límites son estrictos. En San Diego, por ejemplo, la Comisión de Vivienda ofrece préstamos diferidos y subvenciones para cubrir los gastos de cierre.

El problema aparece cuando una familia gana apenas más de lo permitido: queda fuera de la ayuda estatal por superar el límite de ingresos, pero sigue siendo demasiado "nueva" en el sistema crediticio como para acceder al mercado libre. Así queda atrapada en un vacío de protección.

En 2026 hubo cambios en el sistema hipotecario federal que ampliaron las herramientas para evaluar a ciertos prestatarios. En septiembre, la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés) extendió el uso de VantageScore 4.0 entre los prestamistas aprobados por Fannie Mae y Freddie Mac. Ese modelo puede incorporar información adicional, como el pago de alquileres y de servicios públicos, siempre que esos antecedentes sean reportados.

Para Anastasiia Chystiukhina, agente inmobiliaria en San Diego, el desafío central no pasa por sumar más subsidios. "No creo que necesitemos otro programa. Necesitamos mejor información, que se proporcione con antelación, antes de que las familias empiecen a buscar vivienda, no después", sostuvo.

El debate sobre el acceso a la vivienda se cruza con otras medidas que afectan a los inmigrantes en el estado, como la ley de Newsom que oculta direcciones de quienes asisten a migrantes. Mientras tanto, el crédito formal sigue midiendo a estas familias con una vara que no reconoce su recorrido previo.